El Ayuntamiento debe indemnizar los daños causados por un operario municipal en una sepultura
Los daños ocasionados por empleados municipales durante la prestación de un servicio público pueden dar lugar a una reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento.
Así lo confirma el Dictamen 385/2026 del Consejo Consultivo de Castilla y León, relativo a los daños ocasionados por un operario municipal en una sepultura durante una inhumación.
En este caso, la persona titular de la sepultura reclamó una indemnización de 3.109,70 euros, aportando documentación acreditativa de la titularidad, la licencia de inhumación, fotografías de los daños y un presupuesto de reparación.
¿Qué ocurrió?
Según el informe del responsable del cementerio, la lápida y los sarcófagos se encontraban aparentemente en buen estado.
Durante la inhumación, el operario municipal se apoyó en el borde de la lápida para poder introducir parte del cuerpo en la sepultura. Al hacerlo, ejerció una fuerza lateral sobre el sarcófago, provocando su desplazamiento y la caída tanto del sarcófago como de la lápida al interior de la sepultura.
Los daños materiales quedaron acreditados durante la tramitación del expediente.
¿Por qué debe responder el Ayuntamiento?
La responsabilidad patrimonial de la Administración exige, entre otros requisitos, que exista:
- Un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
- Un daño que el ciudadano no tenga el deber jurídico de soportar.
- Una actuación imputable a la Administración.
- Una relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño.
- La inexistencia de fuerza mayor.
En el ámbito municipal, las entidades locales responden directamente de los daños causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes.
Además, el municipio tiene atribuida la competencia para la prestación del servicio de cementerio, por lo que debe garantizar que dicho servicio se desarrolla conforme a los estándares de actividad exigibles.
La importancia de acreditar el daño
Uno de los aspectos especialmente relevantes del dictamen es la importancia de la prueba.
La persona reclamante aportó fotografías de los desperfectos y un presupuesto de reparación. A ello se sumó el informe del propio responsable municipal del cementerio, que confirmó cómo se produjo el accidente y la intervención del operario.
Esto permitió establecer una relación directa entre la actuación del empleado municipal y los daños producidos.
En este tipo de reclamaciones es fundamental conservar y aportar toda la documentación disponible: fotografías, facturas o presupuestos de reparación, informes, licencias, documentos que acrediten la titularidad del bien afectado y cualquier otro elemento que permita demostrar tanto el daño como su relación con la actuación administrativa.
Indemnización de 3.109,70 euros
El Consejo Consultivo considera procedente estimar la reclamación y reconoce una indemnización de 3.109,70 euros, coincidente con la cantidad solicitada y con la propuesta de resolución municipal.
El dictamen concluye que se encuentran acreditados los hechos y los daños y que existe relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el perjuicio ocasionado, concurriendo los requisitos necesarios para que nazca la obligación de indemnizar por parte del Ayuntamiento.
Por ello, el Consejo Consultivo informa favorablemente a la estimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial.
¿Qué podemos aprender de este caso?
Este dictamen pone de manifiesto que la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas no se limita a grandes daños o accidentes.
También puede existir cuando una actuación concreta de un empleado público ocasiona daños materiales a un ciudadano durante la prestación de un servicio municipal.
Si un Ayuntamiento, sus funcionarios o sus agentes ocasionan un perjuicio que el ciudadano no tiene obligación legal de soportar, puede existir derecho a reclamar una indemnización, siempre que se acrediten los requisitos exigidos por la normativa.
Si has sufrido daños como consecuencia de la actuación de un Ayuntamiento, es importante analizar el caso concreto, reunir las pruebas y valorar si procede iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial.
Fuente: Dictamen 385/2026 del Consejo Consultivo de Castilla y León.
